Boletos para los conciertos del Conejo aparecen en el mercado secundario rozando los $11 mil y la industria del entretenimiento quiere que Hacienda y DACO averigüen quién está guisando, quién paga IVU y quién responde si la taquilla resulta más fake que un Rolex de marquesina.
Una cosa es querer ver a Bad Bunny, cantar hasta quedarse sin voz y salir del concierto con 200 videos que probablemente nunca volverás a mirar. Otra es tener que considerar vender un riñón para comprar la taquilla.
Y es que entradas para sus conciertos han aparecido anunciadas en el mercado secundario por hasta $10,850, una cifra que prendió las alarmas de la Asociación de Productores y Profesionales del Entretenimiento de Puerto Rico (APPEP), que pidió este miércoles al Departamento de Hacienda y al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) investigar cómo están operando las plataformas digitales de reventa.
El issue no es solamente que alguien tenga los pantalones de pedir casi $11 mil por un boleto. APPEP quiere saber quién está haciendo dinero, qué impuestos está pagando, qué cargos le mete al comprador y quién responde cuando la taquilla sale falsa, duplicada o nunca llega.
Una taquilla que parece pronto de apartamento
APPEP aclaró que el reclamo no va contra la persona que compró un boleto y finalmente no puede asistir. El problema está en la reventa comercial y especulativa, donde una entrada puede multiplicar brutalmente su precio mientras el consumidor queda expuesto.
Manny Morales, presidente de la organización, recordó que desde febrero habían advertido ante la Legislatura sobre los precios especulativos, boletos falsos, uso de bots y falta de fiscalización dentro del mercado secundario.
Porque pagar caro duele. Pero pagar miles, llegar pompeao al concierto y descubrir en la entrada que el QR code dice INVALID… eso es otro nivel de papelón.
Hacienda puede meter mano aunque estén afuera
Y aquí viene el detallito que quizás algunos revendedores digitales preferirían ignorar: estar fuera de Puerto Rico no necesariamente significa estar fuera del alcance de Hacienda.
La Carta Circular de Rentas Internas 23-10 establece obligaciones para los llamados Facilitadores de Mercado que venden derechos de admisión para eventos celebrados en Puerto Rico.
Una plataforma sin presencia física en la isla puede quedar obligada a registrarse, cobrar y remitir IVU cuando supera los $100,000 en ventas brutas o realiza al menos 200 transacciones durante su año económico.
Las reglas también incluyen los cargos por servicio relacionados con la venta de boletos. Además, Hacienda confirmó en junio de 2026 que estas disposiciones continúan vigentes para el IVU estatal y, desde julio, se extienden al componente municipal en los municipios participantes.
En arroz y habichuelas: que la plataforma esté operando desde California, Nebraska o casa del cará no significa que Hacienda no pueda preguntar: “¿Y lo mío?”
Si los de aquí cumplen, que los de afuera también
El promotor José “Pepe” Dueño sostiene que los productores y boleterías autorizadas de Puerto Rico tienen que cumplir con registros, informes, refrendos y obligaciones contributivas, por lo que entiende que las plataformas externas que generan dinero revendiendo boletos para eventos celebrados aquí deberían jugar con reglas similares.
APPEP también quiere que DACO investigue si el consumidor conoce claramente el precio final antes de comprar, quién está detrás de la venta y qué garantías existen cuando algo sale mal.
Porque cobrar $10,850 es una cosa. Cobrarlo y después hacerte el loco cuando el boleto no abre la puerta es otro deporte.
Por ahora, APPEP no ha identificado públicamente cuáles plataformas tenían entradas anunciadas por esa cantidad ni se había informado una respuesta oficial de Hacienda o DACO.
Lo que sí está claro es que alrededor de Bad Bunny hay otro concierto corriendo sin tarima ni bocinas. El del billete que mueve la reventa.
